Nos solidarizamos con Daniel Oscar Núñez, empleado municipal de PGSM, que fue sancionado con la medida arbitraria de 3 meses de suspensión por su militancia ambiental, encaminada a preservar la salud y la vida de sus vecinos. Núñez se dedicaba a informar sobre el daño a la salud que causa la actividad desarrollada por la empresa American Colors (o Pigmentos Delta).
La excusa que motiva la sanción, que es la de colgar un pasacalle y realizar una pintada, es una medida autoritaria ante la verdad que se abre paso, inconsistente e ilegal. Una amenaza para todos los ciudadanos que participan y luchan por condiciones de vida dignas.
Es muy peligrosa política e ideológicamente como antecedente para todos los luchadores por nuestros derechos y los de nuestros semejantes, sean de la naturaleza que fueren, en este caso se trata de la defensa de la salud de la comunidad.
El gobierno municipal de Puerto Gral. San Martín, sincera con esta actitud, los verdaderos intereses que defiende. Estos no son la salud y la vida de su comunidad. Sino por el contrario, en desmedro de estos, se pone al frente de los intereses de los poderosos grupos económicos que ocupan la ciudad e imponen su voluntad, con el aval de la dirigencia política, encabezada por el intendente Carlos De Grandis.
Es un antecedente funesto para todos los luchadores y para las victimas. Una medida muy funcional a la llamada ley Antiterrorista, que se nos impone desde el gobierno nacional, cuyo objetivo es agredir a los que luchamos por la salud de nuestros semejantes, e impedirnos avanzar en este camino.
La suspensión a Daniel es una sanción contra todos, porque golpea una concepción sobre la vida y los valores sobre los que debe desarrollarse la actividad social y política.
La acción política es (o debería ser) para la defensa de los derechos sociales, de la vida con el derecho a la salud, con trabajo digno y respeto por la libertad de expresión. Aspecto este último vulnerado al castigar a alguien, por la información comunitaria que se pretende dar con los medios al alcance. Más allá de quién haya pintado una pared o colgado un pasacalle. Curiosamente esta es una actividad frecuente de quienes lo sancionan, en su nutrida actividad electoral, que es también una forma de expresión.
Estar al frente del Estado no es para hacer ostentación de poder y defender los intereses y la riqueza corporativa de los grandes grupos económicos y los propios. Debería ser para lo contrario.
Esta sanción es un golpe al Art. Nº 41 de nuestra constitución nacional, que llama a la defensa del ambiente. Defensa que debe ser realizada por todos los ciudadanos. Pero que debería ser encabezada por los dirigentes políticos, no castigada.
Llamamos al conjunto de la sociedad y todos los sectores sociales y políticos que nos ubicamos en la vereda de la justicia a rodear a Daniel de solidaridad y derrotar esta arbitraria sanción, fruto del abuso del poder.
Comisión Regional de Derechos Humanos
