Ante el próximo tratamiento en el recinto de Diputados de las modificaciones a la Ley 11.273 de Fitosanitarios, donde se fumigarán venenos hasta 100 metros de las poblaciones, el Centro de Protección a la Naturaleza considera necesario expresar:
En notas anteriores, hemos expuesto que el actual modelo agrícola produce prioritariamente soja, (19 millones de has sembradas con soja así lo confirman) la que no es consumida en la Argentina y que se destina para la exportación como poroto, harina, aceite y biocombustibles. Con el avance de las fronteras agropecuarias, se han ido nuestros bosques, envenenado nuestros ríos, exterminado nuestra biodiversidad y acorralado a la población en las villas miserias. Como consecuencia de la pérdida de los cinturones verdes periurbanos y la eliminación de la rotación de los cultivos, los argentinos perdimos la posibilidad de producir los alimentos que a diario ocupaban nuestras mesas. Pero no sólo eso: cuando se habla de plantar soja hasta en las macetas y en las plazas, se está hablando de establecer una extraña convivencia entre los venenos y la población.
En el otro extremo, como espejitos de colores, se nos muestran los números de lo que recauda el gobierno nacional y su redistribución con el Fondo de la Soja a las provincias, municipios y comunas. Debemos recordar que ese Fondo estaba destinado originalmente para obras de infraestructura y equipamiento de salud y educativo pero una modificación posterior permitió su desvío y uso para el pago de sueldos y servicios de las administraciones gubernamentales con “problemas de caja”. Esta situación unifica en un solo bloque, por necesidad, a las políticas nacionales con las provinciales.
De todo ésto, surge que este gobierno provincial necesita de una ley que esté supeditada a los intereses económicos de poderosos grupos económicos locales y transnacionales, así como a una necesidad de caja, antes que a la salud de la gente. Por ello ejerce presión sobre sus diputados adictos quienes en una rara alianza apoyan el dictamen de minoría de los diputados de signo político opuesto. Tampoco resulta raro si se observara el origen de muchos de esos diputados que son propietarios de miles de hectáreas de soja o que provienen de la dirigencia ruralista y que actúan corporativamente apoyando estas decisiones, aún cuando esta acción esté reñida con la ética.
Para las modificaciones a la Ley 11.273, se debieron soslayar investigaciones precisas de destacados científicos argentinos sobre la toxicología de los venenos utilizados; dictámenes de la Justicia donde se aplica el Principio Precautorio y se establecen distancias entre los cultivos y los vecinos; cientos de reuniones realizadas con las comunidades afectadas. Incluso se dejó de lado la nota N° 5709 de la Defensoría del Pueblo, remitida a cada bloque de diputados, donde exponen argumentos contundentes a favor de los 300 metros entre los tóxicos y la gente.
Las organizaciones que estamos luchando por establecer un margen de seguridad alrededor de las poblaciones hemos propuesto que estas áreas periurbanas (cinturones verdes frutihortícolas de proximidad) además de establecer una distancia entre los venenos y la gente, sean áreas de producción para los alimentos que forman parte de la cultura alimentaria argentina. Además, no habrá hospitales ni centros de salud que puedan abastecer la demanda de una población enferma en constante crecimiento, tal como hoy se corrobora en los efectores de salud de nuestra provincia.
Por lo que hacemos responsables a los diputados que promovieron y aprobaron estas modificaciones y que condenan a nuestras comunidades a un genocidio silencioso y que afecta hasta la enfermedad y la muerte a miles de ciudadanos y ciudadanas.
Comisión Directiva.
Centro de Protección a la Naturaleza
Santa Fe, 24 de noviembre del 2009.-
REDUZCA-REUTILICE-RECICLE # PARE DE CONSUMIR !!RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA.www.renace.net
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