VISTO:
La problemática que atraviesa nuestra región y nuestro país,
vinculada al avance de un modelo productivo extractivo como el de la
minería a cielo abierto y la agroindustria y;
CONSIDERANDO:
Que, la Facultad de Cs. Médicas de la UNR, ya tiene antecedentes
de pronunciarse en temas neurálgicos que vinculan la salud, el ambiente
y modelos productivos, como el ingreso de Basura Nuclear a nuestro País,
la Instalación y proliferación de fábricas de pasta de celulosa en la
región, el avance de la destrucción de los montes nativos, entre
otros;
Que, en abril del año pasado, se desarrolló en nuestra Facultad
el 1er. Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, organizado por
la Materia Salud Socioambiental de esta Casa, en el que participaron más
de 350 personas, de ámbitos académicos, movimientos sociales, áreas
gubernamentales de mas de 11 provincias argentinas y 9 países de América
Latina), cuya declaración final concluye:
“En todo nuestro continente se viven situaciones que responden a
la transferencia de modelos productivos que enferman y matan hacia
nuestras tierras.
El proyecto de traslado de industrias sucias a nuestros países,
impulsado por el Banco Mundial (tal cual lo establece el memorándum de
Lawrence Summers de noviembre del año 1991), se está llevando a cabo con
la complicidad de las autoridades locales, bajo la espúrea dicotomía
“trabajo vs. salud”.
La enajenación de la tierra, el despojo a los campesinos, la
depredación de la fauna ictícola en ríos y mares, el avance de la
explotación minera, la contaminación y desaparición de cursos de agua,
la utilización de millones de litros de agrotóxicos en las fumigaciones
de los campos con soja, maíz, hortalizas, frutales, etc. y el avance de la frontera agropecuaria en
desmedro del monte nativo, son
determinantes dañinos de la salud de los ecosistemas de los que los
seres humanos somos parte.
Concentraciones Urbanas, Agrotóxicos, Transgénicos, Minería,
Pasteras, Represas, Centrales Nucleares, Contaminantes Químicos,
Biodiversidad Diezmada, Destrucción de Territorios y Poblaciones en
franca diáspora despojadas de los bienes comunes, forman parte de
nuestras cotidianeidades, y deben ser identificadas como
problemas del campo de la salud por los responsables de definir
políticas públicas.
Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños
que a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, provocan
los modelos productivos que se están imponiendo en nuestros
países,
por lo que resulta inaceptable
la excusa de los responsables políticos que se escudan en la
supuesta debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio
precautorio.”
Que el mencionado documento del Banco Mundial, conocido
como el “Informe Summers”, aconseja “que una cantidad dada de
contaminación perniciosa a la salud debe hacerse en los países de menor
costo, que son los de menores salarios” y en la “escasa incidencia del
cáncer en las comunidades donde ya se mueren tempranamente por otras
causas”;
Que en este sentido puede entenderse el avance en nuestros
territorios de modos de producción altamente contaminantes, como ser la
agroindustria transgénica dependiente de tóxicos, la minería a cielo
abierto, la fabricación de pasta de celulosa, la producción de aceites
vegetales, la extracción de petróleo, entre otros;
Que para llevar adelante esa estrategia se vulneran los
derechos de los ciudadanos a nacer, crecer y desarrollarse en un
ambiente saludable;
Que en el caso de la minería las fuentes de contaminación pueden ser: tajos y galerías, pilas de
lixiviación, escombros, colas;
Que éstas áreas no siempre son controladas y en ellas se
encuentran contaminantes tóxicos que se filtran al ambiente;
Que la actividad minera que se desarrolla a cielo abierto e
implica la utilización de procedimientos químicos para la extracción de
metales, daña severamente el ambiente y en consecuencia a los seres
humanos y sus comunidades;
Que uno de los componentes fundamentales en el proceso de
extracción de minerales a cielo abierto es el cianuro, (compuesto químico a base de carbono y nitrógeno, conocido desde
hace varios cientos de años por sus propiedades biológicas tóxicas y su
capacidad de unirse fuertemente a metales);
Que en promedio para extraer un gramo de oro (1 gr) es preciso
pulverizar 4.000 kg (4 tn) de piedras y disolverlas con casi 4 kg (4.000
grs) de cianuro.
Que entre las características tóxicas del cianuro está la
de bloquear la enzima citocromo oxidasa de las mitocondrias, con
lo que interfiere en el proceso de respiración celular, llevando a la
muerte de los organismos que intoxica;
Que otro de los elementos utilizados en los procesos megamineros
extrativistas que se intentan imponer en nuestra región, es el mercurio,
(metal pesado, con propiedades neurotóxicas);
Que en el caso específico de la minera Bajo La Alumbrera,
está
autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la
reserva acuífera del Campo del Arenal; alto consumo (casi el doble del
consumo de toda la Provincia de Catamarca);
Que el informe “Impacto de la megaminería sobre las poblaciones locales
en Argentina” elaborado por Juiette Renaud, Asesora del Premio Nobel de la
Paz Adolfo Pérez Esquivel, asegura
que “el impacto mas grave de os grandes proyectos mineros es la
contaminación del agua, en estanques, arroyos, ríos y lagos de la
región”, aunque también “contamina lso suelos, lo cual tiene un impacto
fuertemente negativo sobre la vegetación y la productividad de los
mismos”, a partir del depósito de partículas sedimentadas por el vertido
de productos químicos, por filtración a partir de los
lixiviados;
Que las poblaciones son expuestas entonces a consumir alimentos,
agua, respirar aires, contaminados por productos químicos presentes en
el ambiente a partir de estos modos productivos;
Que ya existen causas judiciales abiertas por contaminación y
daño a la salud y al ambiente de este tipo de modelos extractivos, uno
de los cuales es el iniciado por el Fiscal de Cámara de Tucumán, quien
denuncia a la Minera La Alumbrera, y prueba la presencia en agua de
Arsénico en valores 20000 veces superiores a los permitidos por la
legislación, así como de Cadmio (5000 veces mas), Cobre (20 veces mas),
Mercurio (10000 veces mas), Plomo (60 veces mas), Selenio (1000 veces
mas);
Que éstos emprendimientos, en nuestro País, ya han sido
responsables de al menos 4 derrames (17/9/2004, 10/6/2006, 12/6/2006 en
Villa Yil y Diciembre de 2008 en Ampujaco);
Que, como documenta la Universidad Nacional de Córdoba en su
Resolución HCS Nº 1308/2009: “En marzo de 2007 la Secretaría de Minería de la Nación elaboró
un informe en el que se refiere a los elevados contenidos de metales en
el canal DP2 indicando que el efluente de la planta de tratamiento de
Minera Alumbrera presenta concentraciones de sólidos totales disueltos
(SDT) sulfatos y molibdeno detectadas en el comienzo del canal que
superan los límites normados” lo que evidencia la debilidad de las
autoridades de control para evitar riesgos;
Que, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Jujuy, reveló
que “el 81% de los niños de Abrapampa, Jujuy, tienen plomo en sangre en
cantidades dañinas para su salud” (en esa localidad funcionó la Mina
“Pan de Azúcar”, y aún funciona la mina “Pirquitas”);
Que
en nuestro país, el “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y
conflictividad socio-ambiental minera” presentado ante la Defensoría del
Pueblo de la Nación por la Red de Asistencia Jurídica contra la
Megaminería a fines de 2011, contabilizó 121 proyectos en “exploración
avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las
reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio
a la explotación), encabezando la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta
(17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (8), le siguen Neuquén (7);
Mendoza, La Rioja y Río Negro (6 cada una) y Catamarca (4).
Que según dicho informe “Los proyectos son propiedad de 51
empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional:
Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”,
advirtiendo que “la
instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos
sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la
utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo
de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición
estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas
locales”.
Que según el informe “Renaud” ya mencionado“, las grandes
empresas trasnacionales consiguieron ampliar su área de influencia
gracias a una supuesta “acción social y comunitaria” en los pueblos en
los cuales se instalan, otorgando subvenciones a instituciones
comunitarias (hospitales, escuelas, etc), hecho que debilita el
argumento de las “licencias sociales” garantizadas;
Que se han hecho públicas las pruebas que vinculan a
representantes de las empresas mineras con actividades de “espionaje e
inteligencia” contra los vecinos movilizados en defensa de la vida y el
ambiente saludable;
Que en los últimos días hemos sido testigos de cómo las fuerzas
de seguridad del Estado (primero) y grupos para-policiales y promineros
(luego), han ejercido acciones de vulneración de los derechos
constitucionales de muchos ciudadanos y ciudadanas de las regiones en
conflicto, llegando incluso a lesionar físicamente a
manifestantes;
Que la Constitución Nacional en su arto 41, primera parte,
establece que "Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente· sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley.";
Que, como dictaminó la Universidad Nacional de Córdoba, al
rechazar los fondos provenientes de la Minera Bajo la Alumbrera
“, el Estado Nacional al haber asumido el compromiso como
integrante de la comunidad internacional, de trabajar en pro de la
protección del medio ambiente sano en cuanto indispensable para el
desarrollo integral del ser humano y al haber reconocido en numerosos
instrumentos internacionales y regionales (i) Sistema Internacional:
D.U.D.H. de 1948; P.I.D.E.S.C. de 1966; P.I.D.C.P. de 1966; Protocolo
Facultativo del P.LD.C.P.; Declaración de Estocolmo de 1972. en
particular principios 1 y 2; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en
particular principios generales; Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo 1992, en particular principios 1, 2, 3 y 4;
Declaración y programa de Acción de Viena de 1993, en particular art.
11; Convención de Estocolmo sobre Contaminación Orgánica persistente de
2001; Sistema regional: D.A.D.H. de 1948, en particular arto XI;
C.A.D.H.
de 1969; Protocolo de San Salvador de 1998, en particular arto 11; Carta
Democrática Interamericana de 2001, en particular art.1; Resolución de
la O.E.A. n° 1871/02 sobre Promoción de la Responsabilidad Social de las
empresas del hemisferio) debe por tanto realizar todas las acciones
positivas necesarias tendientes a garantizar estas premisas, a través de
un marco regulatorio y normativo que efectivice la protección al medio
ambiente, y de la implementación de mecanismos de control permanente de
la explotación de recursos naturales”;
Que, como decimos anteriormente, también se identifican
movimientos sociales de resistencia y preocupación por la salud de
quienes son expuestos a los procesos de fumigación necesarios para la
explotación agroindustrial;
Que en este sentido, nuestra Casa, viene desarrollando una tarea
de investigación-acción-
región, a traves de los Campamentos sanitarios de la Práctica Final,
desde los cuales se ha logrado evidenciar las modificaciones de los
perfiles de morbimortalidad de las comunidades expuestas a esos modelos
productivos;
Que el Plan Agroalimentario Nacional que prevee alcanzar la
cantidad de 160 millones de toneladas de granos para el 2020, es un aviso de
profundización de un modelo extractivo de agua, fósforo y demás
nutrientes de nuestros suelos, asi como de incrementos siderales en los
volúmenes de agrotóxicos a utilizar y con los que se rociarán a nuestras
comunidades;
Que los hambrientos del mundo no dependen de la capacidad comercial
de 400.000 agronegociadores del planeta, sino de la revitalización y
devolución a la ruralidad de 1500 millones de agricultores locales, con
semillas propias y mercados de intercambios y comercios en escalas de
cercanías;
Que la política económica nacional, parece estar siendo ordenada
en función de la lógica de enfrentar a la defensa de la salud con la
posibilidad de generación de trabajo, y eso es, cuanto menos,
errado;
Que entendemos, como Julio V. González, que “la conquista de la Universidad, es solo un medio para lograr el
supremo fin de transformar con sus propias manos al país,
revitalizándolo mediante la implantación de una democracia social, donde
la riqueza no sea el privilegio de unos pocos, el bienestar un lujo y el
trabajo una maldición”;
Que quienes entendemos la Salud como el
ejercicio del derecho a luchar por una vida digna para todas y todos,
fortaleciendo las diversidades y deconstruyendo las hegemonías, debemos
asumir, como expresa Giovanni Berlinguer, “el deber social de informar a la población y a las
instituciones sobre la amenaza que el sistema de globalización
neoliberal significa para la salud y la seguridad de la
comunidad”;
Que la Universidad Nacional de Rosario, en el artículo 1 de su
Estatuto, incisos “f” y ”g”, define claramente entre sus principios
constitutivos el desarrollar sus funciones en un marco de irrestricto
respeto por el medio ambiente y garantizar y sostener el respeto
irrestricto por los derechos humanos,
Que nuestra Casa de Estudios, tiene como visión ser una
Institución que fomente el compromiso personal, grupal, institucional y
colectivo de todos sus claustros con las organizaciones y comunidades
de nuestra sociedad,
Que asimismo, es misión de esta Facultad, construir aprendizajes,
producir saberes, promover la circulación democrática de conocimientos
para mas y mejores praxis, en convergencia con sólidos preceptos morales
y compromiso ético con el
irrenunciable Derecho a la Salud, formando profesionales al
servicio solidario con el bien común de las comunidades en el orden
local, provincial, nacional, latinoamericano e internacional;
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CS. MEDICAS DE LA
UNR
RESUELVE:
Art. 1.- Solidarizarse con las comunidades afectadas por
los modelos de producción extractivistas que comprometen la salud de los
ecosistemas y, por tanto, de los seres humanos.
Art. 2.- Apoyar los reclamos de los ciudadanos en lucha por
la defensa de la vida digna en un ambiente saludable, repudiando los
actos de violencia en todas sus expresiones.
Art. 3.- Solicitar al Gobierno Nacional, asuma la
responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos de que habitan
nuestro suelo, la plena vigencia de sus derechos humanos, frenando las
acciones represivas sobre los movimientos sociales.
Art. 4.- Convocar a todos sus equipos docentes y de
investigadores, a ponerse a disposición de las comunidades afectadas por
los modelos de producción contaminantes, a los efectos de cumplir con la
Visión y Misión de nuestra Casa.
Art. 5.- Invitar al Consejo Superior de la UNR a hacerse
eco de la presente resolución.
Art. 6.- De forma
Prof. Dr. E. POLLASTRI Prof. Dr. R. NIDD
Prof.
Lic. L. RÖHNER
Docente
Docente
Docente
Prof.
Dr. D. VERZEÑASSI Prof. Dr. F. SERRA Prof. Dr. A.
TORRIGGINO
Docente
Docente
Docente
Dra. Ma. C. BOGUE
Sr. D. PUEDE
Graduada
Estudiante
CONSEJEROS
DIRECTIVOS DEL
FRENTE
INDEPENDIENTE – Facultad de Cs. Médicas - UNR
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