jueves, 9 de abril de 2009

Duro cuestionamiento al secretario de Medio Ambiente de la provincia

Santa Fe.— El Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe (Cepronat) cuestionó al secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler, por su propuesta de acercar máquinas y aviones fumigadores a los centros urbanos y así flexibilizar la ley de fitosanitarios en Santa Fe. También le endilgaron ser funcional a compañías productoras de semillas y agrotóxicos, de las asociaciones de productores, cámaras y bolsas de comercio "que sólo piensan en hacer su negocio a costa de la salud de los santafesinos".

   En medio un malestar generalizado de las poblaciones rurales que se expresó mediante numerosas denuncias de exposición involuntaria a la aspersión de agroquímicos, Mackler dijo en un reportaje radial reciente por LT-8 de Rosario que "se deben prohibir las fumigaciones terrestres a menos de 150 metros y las aéreas a menos de 300". Mediante esta propuesta se reducirían las distancias que impone la legislación provincial y flexibilizaría aun lo fijado por algunos municipios, lo cual acarrearía un agravamiento de la situación de las poblaciones rurales con peligrosas consecuencias sobre la salud y el ambiente.

   "El secretario de Medio Ambiente no desconoce que existe la ley de fitosanitarios 11.273 que fija un área de protección de la población de 500 metros para las pulverizaciones terrestres y 3.000 para las aéreas", explicó en un documento el Cepronat. Asimismo destacó que Mackler, pese a afirmar que trabaja en forma asociada con las carteras de Salud, Trabajo y Producción, "sin embargo propuso modificar la ley actual para acercar las máquinas y los aviones a las viviendas, en contra de lo aceptado internacionalmente. Además justificó su idea en que ese modelo —que asocia soja y glifosato— sacó al país adelante. También propuso controles más estrictos y descartó realizar estudios epidemiológicos, basándose en que no hay evidencia que demuestre toxicidad crónica de los pesticidas usados habitualmente en el territorio".

   Los ambientalistas indicaron que la provincia de Santa Fe sufrió un severo impacto ambiental, sanitario, económico y poblacional como consecuencia del cambio del modelo productivo que se inició a mediados de los 90. A las ya conocidas evidencias de la desaparición de los cinturones hortícolas de Santa Fe y Rosario, de la disminución del número de tambos en la cuenca lechera y al incremento de producción de carne vacuna de menor calidad proveniente de feedlots, "debemos añadirle las fumigaciones que sufren las comunidades en todo el territorio provincial".

No mienta más. "Ya basta. No mienta más", dijeron los representantes de Cepronat refiriéndose a Mackler, e indicaron que apenas iniciada su gestión se comprometió a trabajar en el tema. "Evidentemente lo hizo pero en sentido contrario al de las comunidades y de las organizaciones socioambientalistas de la provincia", remarcaron.

   "Su propuesta de controles más estrictos —continuaron— resulta poco creíble. Hoy, con una ley en vigencia, poco y nada se hace al respecto. Existe una Dirección de Sanidad Vegetal que sólo es decorativa. Tiene cinco inspectores para toda la provincia y funcionarios proclives a la aplicación acrítica de este modelo".

   Los ambientalistas tampoco se explican por qué Mackler negó la posibilidad de realizar estudios epidemiológicos. "No tiene sustento porque casos sobran", explicaron, y le recomendaron al funcionario que recorra la provincia y le pregunte a los vecinos de Las Petacas, San Eduardo, Desvío Arijón, Monte Vera, Angel Gallardo, Chabás, Gálvez, San Guillermo, Avellaneda, Videla, Malabrigo, Sauce Viejo, Arocena, Rufino, Pueblo Esther y General Lagos, entre otros, donde se alertó al respecto y donde se siente la ausencia de la cartera que representa y del Ministerio de Salud.

   "Cuántos muertos deben ser suficientes. Cuántos niños deformados deben nacer para poder entrar en las estadísticas. Cuántos casos de esterilidad masculina y cuántos abortos prematuros son necesarios. Cuántos ingresos a hospitales por enfermedades respiratorias tras una fumigación, deben ser registrados para constatar que se trata de una verdadera pandemia", se preguntaron los solicitantes, quienes incluso reclamaron la renuncia a Mackler.

   Entre otras argumentaciones, Mackler dijo que los productos tóxicos —en especial los formulados con glifosato— "se degradan rápidamente", aunque haya estudios que demuestran lo contrario. "Lamentablemente, repite lo que dicen las compañías que desarrollaron esos tóxicos y contradice las investigaciones hechas en las universidades locales. Inclusive, el estudio sobre yacarés al que hizo mención demostró el impacto negativo a nivel genérico de los formulados con glifosato a dosis similares a los usados en los cultivos".

   Finalmente se preguntaron "cuántos estudios más necesita antes de aplicar el principio de precaución al cual adhirió la provincia a través de la ley general del ambiente".

Informe glifosato. Un informe de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario publicado por La Capital en diciembre de 2006 advirtió sobre la existencia de estudios toxicológicos, que indican que el glifosato "fue erróneamente catalogado como toxicológicamente benigno, tanto a nivel sanitario como ambiental". El dossier, que finalizó en noviembre de ese año, se realizó a pedido del Concejo de Roldán al Laboratorio de Toxicología Experimental dependiente de la mencionada casa de altos estudios.

   La solicitud fue canalizada para ampliar los conocimientos respecto al "uso, aplicación, contaminación ambiental y efectos perjudiciales para la salud en el corto, mediano y largo plazo de agroquímicos en general y en especial del glifosato", cuyo nombre comercial más común es Roundup, de la compañía Monsanto, entre otros productos que ocupan menor franja en el mercado.

   En el informe, el bioquímico Federico Paggi, indicó que "recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes, indican que el glifosato fue erróneamente calificado como toxicológicamente benigno" y que por ende, "los herbicidas en base a glifosato pueden ser altamente tóxicos para animales y humanos". Además indica que no es desacertado el pedido de una zona de exclusión para la fumigación entre la población y las superficies cultivables que debería ser "como mínimo de 1.000 metros".

   Tras diferentes pruebas de laboratorios ensayadas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, se reclasificaron los plaguicidas que contienen glifosato como clase II "altamente tóxicos".

   Por su parte, "la Organización Mundial de la Salud (OMS), describió efectos más serios", y calificó su ingrediente activo como "extremadamente tóxico (categoría I)".

   Según explica un estudio sobre toxicología del glifosato realizado por Jorge Kaczewer de la Universidad Nacional de Buenos Aires, "los herbicidas más comercializados en la Argentina incorporan dentro de su fórmula al glifosato y representan una larga serie de riesgos que esa sustancia conlleva para la salud humana, al tiempo que alerta sobre las debilidades en los sistemas nacionales que regulan sobre bioseguridad".

Agroquímicos y ética. El Colegio de Ingenieros de la provincia de Santa Fe (Ciasfe), mediante su comisión de Productos Fitosanitarios advirtió a la comunidad que sus ingenieros agrónomos matriculados son "los profesionales con mayor incumbencia y formación académica en el trabajo con productos fitosanitarios (agroquímicos)".

   La entidad agregó que es por ello que la tarea de los profesionales "en la producción agropecuaria resulta fundamental para evitar riesgos para la sociedad. Es importante recordar que para la aplicación de productos fitosanitarios, según la ley provincial 11.273, es imprescindible que el ingeniero agrónomo matriculado extienda una receta de aplicación en formulario oficial".

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